Coatzacoalcos, Ver., 8 de abril de 2026.– A más de una década de los hechos, cinco de los siete implicados en el secuestro y asesinato de Fernando Óscar Sandoval Todd fueron sentenciados a 92 años de prisión, en un fallo que representa un avance parcial en la búsqueda de justicia.
Madre de la víctima reacciona a la sentencia
Alicia Todd, madre del joven, informó que la notificación oficial le fue entregada la noche del martes, lo que le generó sentimientos encontrados.
“Me quitaron la mitad de mi corazón. No voy a dejar de luchar hasta que se castigue a quien lo mató”, expresó.
Reconoció el trabajo del Poder Judicial, aunque insistió en que el caso aún no está completamente resuelto.
Cinco sentenciados y un proceso pendiente
De los siete implicados en el caso, cinco ya recibieron sentencia condenatoria, incluyendo al presunto autor intelectual del secuestro.
Sin embargo, aún falta que se dicte sentencia contra uno de los involucrados, señalado como probable responsable directo del homicidio.
Además, otro de los implicados falleció antes de enfrentar la justicia.
Obstáculos legales retrasan justicia total
De acuerdo con la familia, el proceso contra el presunto autor material no ha avanzado debido a la falta de un peritaje especializado.
El acusado ha argumentado una supuesta discapacidad, lo que ha frenado el procedimiento judicial ante la ausencia de un intérprete o perito certificado.
“Falta uno… y esa es la parte que duele”, señaló la madre de la víctima, quien pidió a las autoridades agilizar el proceso.
Un caso que marcó a una familia
Los hechos ocurrieron el 31 de marzo de 2015, cuando Fernando Óscar Sandoval Todd, de 27 años, fue privado de la libertad.
Durante el secuestro, sus captores exigieron dos millones de pesos a cambio de su liberación; sin embargo, de acuerdo con las investigaciones, fue asesinado poco después, presuntamente tras reconocer a uno de sus agresores.
Su cuerpo fue localizado días más tarde sobre la carretera federal 180 Veracruz–Alvarado.
Exigen justicia completa
Actualmente, los cinco sentenciados permanecen recluidos en un Centro de Reinserción Social, mientras la familia continúa exigiendo que todos los responsables enfrenten la justicia.
El caso sigue siendo un recordatorio del impacto de la violencia en la región y de la importancia de garantizar procesos judiciales completos y oportunos para las víctimas.