Ciudad de México, 9 de abril de 2026.- Un juez federal ordenó a autoridades de los tres niveles de gobierno actuar de manera inmediata ante el derrame de hidrocarburos que afecta las costas del sur de Veracruz y Tabasco, luego de conceder una suspensión provisional dentro de un juicio de amparo promovido por una asociación civil.
Dan 48 horas para rendir informe
El resolutivo fue emitido por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, a cargo del juez Luis Rivera González, quien estableció un plazo de 48 horas para que las dependencias involucradas informen sobre las acciones de contención, prevención y remediación del daño ambiental.
La medida deriva del amparo promovido por la organización En el Corazón está el Cambio, que denunció omisiones en la atención del desastre ecológico.
Señalan omisiones en atención al daño ambiental
De acuerdo con el representante juez de la asociación, Juan Carlos Atzin Calderón, las autoridades han incurrido en diversas faltas, entre ellas no iniciar procedimientos de responsabilidad ambiental ni presentar denuncias oportunas ante el Ministerio Público.
Asimismo, acusó que no se han aplicado todas las facultades necesarias para garantizar el manejo adecuado de los hidrocarburos derramados.
Entre las dependencias señaladas se encuentran la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, así como autoridades de los estados de Veracruz y Tabasco.
Más de 800 toneladas de residuos sin destino claro
Uno de los puntos más críticos del caso es la falta de claridad en la disposición final de los residuos peligrosos recolectados durante las labores de limpieza.
Según la asociación civil, se han retirado más de 800 toneladas de hidrocarburo de las playas, sin que exista información precisa sobre su manejo final.
El activista subrayó que este tipo de residuos deben ser tratados por empresas certificadas, avaladas por la autoridad ambiental federal.
Buscan un plan integral de remediación
Además de frenar las omisiones, la suspensión provisional obliga a las autoridades a entregar la información directamente al órgano jurisdiccional, evitando posibles actos de opacidad.
La organización promovente busca que este proceso derive en la creación de un Plan Integral de Remediación y Restauración del Equilibrio Ecológico, con participación de instituciones gubernamentales, academia y sociedad civil.
Caso podría sentar precedente
Una vez que las dependencias entreguen sus informes, el Poder Judicial de la Federación analizará la información para determinar si concede la suspensión definitiva.
De confirmarse, este caso podría convertirse en un precedente relevante en materia de defensa ambiental en el sureste del país.
