Ciudad de México, 23 de julio de 2026.- Una jueza federal vinculó a proceso al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y a otras siete personas por su presunta participación en una red de huachicol fiscal, delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos.
La resolución se emitió tras una audiencia que se prolongó por más de 36 horas. La jueza Alejandra Ramírez de la Vega consideró suficientes los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de la República (FGR) para continuar con el proceso penal.
Ratifican prisión preventiva para Ruffo y otros implicados
La autoridad judicial ratificó la prisión preventiva para Ernesto Ruffo Appel, Ricardo Thompson Navarro, José Merino Valdés Cuervo, Juan Hermilo Chávez Rodríguez y Luis Antonio Barrientos Juárez, quienes permanecerán recluidos en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano.
Por su parte, José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales continuarán su proceso bajo prisión domiciliaria por motivos de salud, mientras que Adriana Magali Bárcenas Guillén permanecerá internada en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur.
FGR investiga presunta red de contrabando de combustible
De acuerdo con la FGR, los imputados habrían participado en un esquema de importación, distribución y comercialización irregular de combustibles, mediante declaraciones falsas o incompletas para evadir el pago de impuestos.
Las investigaciones señalan que la empresa Ingemar presentó movimientos financieros millonarios que no correspondían con su perfil fiscal. Entre junio de 2024 y julio de 2025 registró operaciones superiores a los 3 mil millones de pesos.
Además, la Fiscalía indicó que la indagatoria forma parte de una estrategia nacional contra el huachicol fiscal, desarrollada mediante labores de inteligencia, análisis financiero, investigación científica y coordinación entre distintas dependencias federales.
Caso deriva de una investigación por huachicol fiscal
Las autoridades federales informaron que el caso se originó tras detectar presuntas irregularidades en la importación de hidrocarburos. Según la investigación, los responsables habrían declarado cantidades menores de combustible o lo registraban bajo otra clasificación para evitar el pago de contribuciones.
La Fiscalía sostuvo que estas prácticas generan pérdidas millonarias para las finanzas públicas y representan una fuente de ingresos para organizaciones dedicadas al contrabando de combustibles.
El proceso penal continuará mientras la autoridad judicial determina la responsabilidad de cada uno de los imputados.
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