La Paz, Bolivia, 29 de julio de 2026.- La Fiscalía de Bolivia emitió una orden de captura contra el expresidente Evo Morales, quien es investigado por los presuntos delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, además de otros cargos relacionados con los bloqueos carreteros registrados entre mayo y junio de este año.
Las autoridades señalan que el exmandatario habría tenido participación en las movilizaciones que exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Acusan a Morales de promover los bloqueos
La orden fue emitida por el fiscal Brayan Melgar e incluye también los presuntos delitos de atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
De acuerdo con la investigación, durante siete semanas se realizaron bloqueos de carreteras impulsados por campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB), con respaldo de grupos afines a Morales.
Las protestas provocaron desabasto de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en distintas ciudades del país internacional.
Bloqueos dejaron víctimas y pérdidas económicas
Según las autoridades bolivianas, los cierres de carreteras dejaron al menos 16 personas fallecidas, de las cuales 13 habrían perdido la vida por falta de atención médica oportuna debido a la interrupción de las vías de comunicación.
Además, el Gobierno estimó pérdidas económicas superiores a 3 mil millones de dólares como consecuencia de las protestas.
La denuncia fue presentada inicialmente por líderes cívicos de Santa Cruz y posteriormente respaldada por el Ministerio de Gobierno.
Evo Morales rechaza las acusaciones
Tras conocerse la orden de captura, Evo Morales negó las acusaciones y aseguró que se trata de un caso de persecución política.
El exmandatario sostuvo que las movilizaciones tenían como objetivo exigir respuestas del Gobierno ante la crisis económica y social, y no promover la renuncia del presidente.
Morales permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, donde cuenta con el respaldo de sus seguidores para evitar el cumplimiento de otra orden de captura relacionada con un proceso por presunta trata agravada de personas.
Continúan abiertas otras investigaciones
El expresidente también enfrenta otro proceso judicial por un caso de presunta trata agravada de personas, relacionado con una supuesta relación con una menor de edad cuando ejercía la Presidencia de Bolivia.
Hasta el momento, las autoridades no han informado cuándo intentarán ejecutar la nueva orden de captura.
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