Juchitán de Zaragoza, Oax., 25 de septiembre de 2026.- La detención del alcalde municipal de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano, acusado de presunta extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado, ha puesto bajo escrutinio su relación política con el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara.
Sánchez Altamirano, conocido como “Quetu”, fue detenido el pasado 23 de septiembre durante un operativo en Oaxaca. Autoridades federales lo relacionan con una estructura criminal investigada por delitos como extorsión a comerciantes, tráfico de personas, narcomenudeo y homicidio.
El caso ha generado cuestionamientos políticos debido a la cercanía que el alcalde mantenía con el gobernador. Sin embargo, los señalamientos de que Jara hubiera protegido o participado en actividades criminales corresponden a acusaciones formuladas por opositores y no han sido acreditados por una autoridad judicial.
De operador político a alcalde de Juchitán
Miguel Sánchez Altamirano llegó a la presidencia municipal de Juchitán en noviembre de 2022, como suplente de Emilio Montero, quien dejó el cargo para incorporarse al gabinete de Salomón Jara.
Posteriormente, en 2024, Sánchez Altamirano compitió por la presidencia municipal como candidato de la alianza Morena-Partido Verde y obtuvo el triunfo, consolidando su presencia política en una de las principales ciudades del Istmo de Tehuantepec.
Durante esos años mantuvo una relación pública cercana con Jara. Incluso, el pasado 15 de septiembre publicó en sus redes sociales una fotografía junto al gobernador para felicitarlo por su cumpleaños.
Autoridades lo relacionan con una estructura criminal
La detención del alcalde se produjo como parte de una investigación sobre una estructura criminal que, según las autoridades federales, estaría dedicada a actividades como extorsión, cobro de piso, tráfico de personas, narcomenudeo y homicidio.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó tras la captura que las investigaciones continúan para desarticular la estructura y detener a otros posibles involucrados. La Unidad de Inteligencia Financiera también informó sobre la inmovilización de recursos y bloqueo de cuentas de personas relacionadas con la investigación.
La Fiscalía de Oaxaca ha señalado a Sánchez Altamirano por su presunta relación con Los Cromos, una célula criminal investigada en la región del Istmo. De acuerdo con información publicada por EL PAÍS, la Fiscalía estatal llevaba al menos un mes y medio investigando al funcionario antes de su captura.
Salomón Jara se deslinda tras la detención
Después de la captura nacional, el gobernador Salomón Jara reconoció el operativo de las fuerzas de seguridad y afirmó que en Oaxaca no habrá excepciones frente a la ley.
Jara también expresó que le duele cuando algún funcionario del movimiento “cae en la tentación” y cambia su misión por ambición, en un mensaje que fue interpretado como un deslinde político de Sánchez Altamirano.
Diputados de Morena en Oaxaca también emitieron un pronunciamiento para desconocer al alcalde detenido y respaldar las acciones de las fuerzas federales. El senador Antonino Morales, otro de los actores políticos con influencia en el Istmo, afirmó que en Oaxaca no hay espacio para la impunidad.
Mientras tanto, familiares y personas cercanas al alcalde han cuestionado su detención. Su esposa, Reyna Alonso Carrasco, pidió públicamente al gobernador que no los dejara solos y recordó la relación institucional que Sánchez Altamirano había mantenido con Jara.
Investigación continúa en el Istmo
La captura de Miguel Sánchez Altamirano forma parte de una serie de acciones contra estructuras criminales en la región del Istmo de Tehuantepec.
Un día después de la detención del alcalde, la Fiscalía de Oaxaca informó también sobre la captura de Jhon Keny M. S., quien había sido comisionado de la Policía Municipal de Juchitán y es señalado por presuntamente proteger a la organización Los Cromos.
Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar el grado de participación de cada persona señalada y establecer las responsabilidades correspondientes. La situación jurídica de los detenidos deberá resolverse dentro de los procesos judiciales respectivos.
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