Madrid, España, 7 de octubre de 2026.- María del Carmen Abascal, conocida como Maricarmen, falleció este miércoles a los 87 años en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, después de permanecer hospitalizada desde el día en que fue desalojada de la vivienda donde vivió durante siete décadas.
Su caso internacional se convirtió en uno de los principales símbolos de la crisis de vivienda en España. El desahucio ocurrido el pasado 23 de septiembre provocó movilizaciones, acampadas y protestas en distintas ciudades del país, mientras organizaciones de inquilinos exigían soluciones para las personas que enfrentan dificultades para conservar sus hogares.
El Sindicato de Inquilinas confirmó su muerte mediante un comunicado firmado también por familiares y su abogada. La organización recordó el mensaje que Maricarmen repetía durante sus últimos días: “Luchad, seguid luchando por lo que es vuestro”.
Vivió 70 años en la misma vivienda
Maricarmen llegó al departamento ubicado en la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el barrio madrileño de Ibiza, en 1956, cuando su padre alquiló el inmueble. Allí pasó prácticamente toda su vida junto con sus padres y su hermano.
Durante décadas mantuvo un contrato de renta antigua y, de acuerdo con los reportes sobre su caso, pagaba alrededor de 500 euros mensuales entre alquiler y servicios. Recibía una pensión cercana a los mil 400 euros y continuó pagando sus obligaciones pese a su avanzada edad.
El conflicto comenzó en 2020, cuando los propietarios le comunicaron que debía abandonar el departamento debido a la situación del contrato, que había sido subrogado previamente. Desde entonces enfrentó varios intentos de desalojo y se presentaron propuestas para aumentar el alquiler o permitirle comprar la vivienda.
Sin embargo, las alternativas no prosperaron y el proceso judicial se prolongó durante años.
El desahucio que provocó protestas
El 23 de septiembre, Maricarmen fue finalmente desalojada de su hogar. Debido a su delicado estado físico, salió del inmueble en una camilla y fue trasladada al Hospital Gregorio Marañón.
La escena provocó una fuerte reacción entre organizaciones sociales y colectivos de vivienda. Decenas de activistas acudieron al lugar para intentar impedir el lanzamiento y posteriormente comenzaron movilizaciones en Madrid.
La protesta llegó hasta la Puerta del Sol, donde se instaló una acampada respaldada por personas que tomaron el caso de Maricarmen como símbolo de las dificultades que enfrentan miles de ciudadanos ante el aumento de los costos de vivienda.
Incluso desde el hospital, la mujer envió mensajes a los manifestantes y les pidió continuar con la defensa del derecho a la vivienda.
Había un acuerdo para que regresara a casa
Días antes de su muerte se alcanzó un acuerdo entre la defensa de Maricarmen y la empresa propietaria del inmueble que, en principio, le habría permitido regresar a su vivienda una vez que recibiera el alta médica.
El acuerdo fue considerado un resultado relevante de la presión social generada por su caso. Sin embargo, Maricarmen no pudo regresar al departamento.
El Sindicato de Inquilinas lamentó que la solución llegara demasiado tarde y sostuvo que el costo físico que tuvo para la mujer el proceso de desalojo fue demasiado alto.
Durante sus últimos meses, su estado de salud se había deteriorado considerablemente. Tenía dificultades para desplazarse, había perdido masa muscular y necesitaba ayuda para realizar actividades cotidianas.
“Todos somos Maricarmen”
La historia de la mujer trascendió el caso particular de su vivienda y se convirtió en un referente para los movimientos que reclaman mejores condiciones de acceso a la vivienda en España.
En las manifestaciones comenzaron a aparecer carteles con el lema “Todos somos Maricarmen”, mientras su historia era compartida dentro y fuera de Madrid.
Maricarmen había expresado que quería morir en la misma habitación donde habían fallecido sus padres y donde había construido prácticamente toda su vida. Tras su desalojo, una de las pocas pertenencias personales que conservó fueron fotografías familiares.
El Sindicato de Inquilinas señaló que su legado continuará en las movilizaciones por el derecho a la vivienda y recordó la petición que la propia Maricarmen hizo desde el hospital: continuar luchando y defender lo que consideran suyo.
Su muerte ocurre mientras España mantiene un intenso debate sobre el acceso a la vivienda, los precios de los alquileres y la protección de los inquilinos, en un contexto de protestas y presión social por este problema.
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