Ciudad de México, 6 de octubre de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la expedición de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, con la que se busca reducir el uso de efectivo e impulsar transferencias bancarias, tarjetas, códigos QR y otras formas de pago electrónico.

El dictamen fue aprobado después de más de cuatro horas de discusión. En lo general recibió 330 votos a favor y 122 en contra, mientras que la votación en lo particular fue de 327 votos a favor y 122 en contra.

La nueva legislación será enviada al Senado de la República, donde deberá ser analizada y, en su caso, aprobada antes de entrar en vigor.

¿Qué propone la nueva Ley de Economía Digital?

Entre los principales cambios se encuentra el reconocimiento de la CURP Digital como un mecanismo de identificación que las personas podrán utilizar, de manera voluntaria, ante instituciones financieras para realizar contrataciones digitales.

También se plantea la creación del Expediente Digital Ciudadano, que permitirá consultar y utilizar documentos e información de las personas con su autorización. Estos archivos tendrán efectos jurídicos similares a los documentos físicos.

La ley nacional también contempla impulsar el uso de transferencias electrónicas, tarjetas bancarias, códigos QR, tecnología NFC y otras herramientas de pago reconocidas por las autoridades financieras.

Diputados aprueban Ley de Economía Digital para reducir uso de efectivo en México

Gobiernos deberán aceptar pagos digitales

Otro de los puntos de la reforma establece que los tres órdenes de gobierno deberán realizar las acciones necesarias para habilitar y aceptar medios de pago digitales y electrónicos en trámites y servicios públicos.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público también tendrá nuevas facultades para identificar sectores estratégicos o actividades consideradas vulnerables en las que los pagos digitales puedan convertirse en el único medio de pago permitido.

Además, las autoridades deberán desarrollar políticas de conectividad y acciones encaminadas a facilitar que más personas tengan acceso a los medios de pago digitales.

Los estados, por su parte, tendrán responsabilidades relacionadas con la inclusión financiera, la difusión de productos y servicios financieros y el acceso a créditos, financiamientos y préstamos mediante herramientas digitales.

Oposición alerta por comisiones y falta de infraestructura

Durante el debate, legisladores de oposición señalaron que la transición hacia una economía con menor uso de efectivo podría representar costos importantes para pequeños negocios y consumidores.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Patricia Flores Elizondo, sostuvo que su bancada no está en contra de la digitalización, pero cuestionó que los costos puedan terminar trasladándose a los consumidores mediante comisiones y precios más altos.

La legisladora señaló que las cuotas de intercambio pueden alcanzar hasta 1.91 por ciento en operaciones de crédito y 1.15 por ciento en débito, y advirtió que los pequeños comercios tienen menos capacidad para negociar estas tarifas con los bancos.

Por su parte, el diputado priista Emilio Suárez Licona señaló que existe una brecha en el acceso a internet, dispositivos, servicios bancarios y conocimientos digitales. También advirtió que la legislación no contempla de manera suficiente la prevención de fraudes y otros ciberdelitos financieros.

Legisladores defienden la digitalización

Desde el PT, el diputado Luis Armando Díaz argumentó que una parte importante de las compras de menor monto todavía se realiza en efectivo y consideró que la nueva legislación puede ayudar a reducir la brecha entre la infraestructura digital disponible y su utilización.

El legislador señaló que herramientas como CoDi y Dimo todavía tienen una adopción limitada entre la población, por lo que consideró necesario impulsar su uso.

Mientras tanto, el diputado del Partido Verde, Ernesto Núñez, defendió la reforma al considerar que depender exclusivamente del efectivo puede limitar las posibilidades de crecimiento de los pequeños negocios, particularmente para vender mediante plataformas digitales y construir un historial crediticio.

Con la aprobación de la Cámara de Diputados, el proyecto pasa ahora al Senado, donde continuará su proceso legislativo.

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