La Haya, Países Bajos, 9 de octubre de 2026.- La Administración del presidente estadounidense Donald Trump anunció nuevas sanciones contra el Tribunal Penal Internacional (TPI), horas después de que la jurista sudafricana Navi Pillay recibiera el Premio Nobel de la Paz 2026, en un nuevo episodio de tensión entre Washington y el organismo judicial con sede en La Haya.
Las medidas buscan restringir las operaciones financieras del tribunal en Estados Unidos y también alcanzan a empresas, instituciones y particulares que colaboren con él. El TPI condenó la decisión y aseguró que las sanciones no impedirán que continúe con su labor.
El anuncio se produce en medio de las críticas del Gobierno estadounidense a las investigaciones y órdenes de detención emitidas por el tribunal, entre ellas las relacionadas con presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad durante la ofensiva israelí en Gaza.
Estados Unidos endurece sus medidas contra el tribunal
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, defendió las sanciones al afirmar que el presidente Trump no permitirá que el TPI procese a ciudadanos estadounidenses. Washington sostiene que el organismo representa una amenaza para sus intereses y cuestiona su autoridad para investigar a integrantes de sus fuerzas armadas y funcionarios.
Las nuevas restricciones contemplan prohibiciones de transacciones con el tribunal dentro del sistema financiero estadounidense. También podrían afectar a quienes mantengan vínculos económicos o institucionales con el organismo, que tiene competencia para investigar delitos como genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y agresión, bajo las condiciones establecidas en su marco jurídico.
El TPI rechazó las medidas y advirtió que representan un intento de obstaculizar la administración de justicia y debilitar el orden jurídico internacional. La institución sostuvo que seguirá cumpliendo sus funciones y recordó la importancia de evitar que los delitos más graves queden impunes.
Navi Pillay recibe el Nobel de la Paz
Horas antes del anuncio de las sanciones, el Comité Nobel noruego otorgó el Premio Nobel de la Paz 2026 a Navi Pillay, jurista sudafricana de 85 años, por sus esfuerzos en favor de la paz y el derecho internacional.
Pillay cuenta con una extensa trayectoria en instituciones judiciales internacionales. Entre 2003 y 2008 formó parte de la Sala de Apelaciones del Tribunal Penal Internacional, una experiencia que la vincula directamente con el organismo ahora sancionado por Washington.
La coincidencia temporal entre ambos anuncios generó atención internacional, especialmente porque Trump ha manifestado repetidamente que considera merecedor del Nobel de la Paz. Sin embargo, la información disponible no establece que la concesión del premio a Pillay haya sido el motivo de las nuevas sanciones.
La Unión Europea respalda la continuidad del TPI
La decisión estadounidense también provocó reacciones en Europa. La Unión Europea calificó las sanciones de profundamente lamentables y manifestó su intención de colaborar con el tribunal para que continúe funcionando de manera eficaz.
El bloque europeo expresó su esperanza de que todavía exista margen para el diálogo. De acuerdo con la información difundida, las sanciones tardarían seis meses en entrar en vigor, lo que dejaría un periodo para buscar alternativas y evaluar sus posibles consecuencias.
El TPI cuenta con 125 Estados miembros y opera conforme al Estatuto de Roma, instrumento que establece las bases de su funcionamiento. Estados Unidos no forma parte de este tratado, aunque las restricciones financieras anunciadas podrían repercutir en las relaciones del organismo con entidades que operan en territorio estadounidense.
La investigación sobre Gaza mantiene la tensión con Washington
Uno de los principales puntos de conflicto entre el Gobierno de Trump y el tribunal son las órdenes de detención emitidas contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con la ofensiva en Gaza.
Netanyahu respaldó públicamente las sanciones estadounidenses y criticó al organismo internacional, al que acusó de actuar con motivaciones políticas. Por su parte, Washington sostiene que las investigaciones contra ciudadanos estadounidenses y aliados representan una amenaza para sus intereses nacionales.
En su pronunciamiento, Rubio advirtió que Estados Unidos mantendrá su campaña contra el tribunal si este no pone fin a lo que considera amenazas contra sus ciudadanos y dirigentes. También pidió a los países aliados que presionen al organismo para frenar sus actuaciones.
La presidenta del TPI, Tomoko Akane, quien también fue sancionada por Estados Unidos en agosto, defendió la importancia del Estatuto de Roma y llamó a los Estados que crearon la institución a respaldarla. El tribunal sostiene que su labor busca impedir que los crímenes más graves queden sin castigo.
El nuevo episodio abre interrogantes sobre el futuro de la cooperación internacional en materia de justicia y sobre las consecuencias que las restricciones estadounidenses podrían tener para las investigaciones, el funcionamiento del organismo y la atención a las víctimas de atrocidades masivas.
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