Buenos Aires, Argentina, 5 de agosto de 2026.- El Senado de Argentina debatirá este jueves un proyecto de ley impulsado por el gobierno del presidente Javier Milei que busca ampliar los límites para la venta de tierras rurales a extranjeros, una iniciativa que ha generado fuertes críticas y protestas de organizaciones sociales, ambientales y políticas.
Ante el rechazo que enfrenta la propuesta, el Ejecutivo decidió modificar el proyecto original para intentar reunir los votos necesarios y evitar una derrota legislativa.
Gobierno de Argentina propone flexibilizar restricciones
La iniciativa, denominada “inviolabilidad de la propiedad privada”, pretende reducir las restricciones vigentes sobre la propiedad de tierras rurales y fortalecer la seguridad jurídica para atraer inversiones, según argumenta el gobierno argentino.
Uno de los puntos más controvertidos es la modificación de la Ley de Tierras Rurales, que actualmente establece que los extranjeros no pueden poseer más del 15 % de las tierras rurales a nivel nacional, provincial o municipal.
El proyecto original eliminaba ese límite. Sin embargo, tras el rechazo de distintos sectores, el gobierno decidió mantener una restricción y propuso elevar el tope al 25 %.
Organizaciones convocan protestas
Diversas organizaciones sociales, sindicales, ambientales, universitarias y partidos de oposición convocaron una movilización frente al Congreso Nacional bajo el lema “La patria no se vende”, en rechazo a la iniciativa.
Los manifestantes consideran que la reforma facilitaría la adquisición de grandes extensiones de territorio por parte de inversionistas extranjeros y pondría en riesgo recursos estratégicos del país.
Además del tema de las tierras, el proyecto también contempla cambios en procesos de desalojo, expropiaciones y el uso de predios rurales afectados por incendios.
Expertos advierten riesgos
El Observatorio de Tierras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) advirtió que la propuesta podría afectar el acceso de los argentinos a bienes comunes y abrir el territorio a una lógica de mercado con menores controles.
De acuerdo con el organismo, actualmente existen alrededor de 13.2 millones de hectáreas en manos extranjeras, una superficie similar a la de países como Grecia o Nicaragua.
Los especialistas señalaron que el mayor problema se concentra en algunos municipios y departamentos, donde ya se supera el límite del 15 % establecido por la legislación vigente.
También expresaron preocupación por la ausencia de restricciones específicas para la compra de terrenos ubicados en zonas fronterizas o con recursos estratégicos, como cuerpos de agua y áreas ribereñas.
El proyecto internacional será discutido este jueves en el Senado y, en caso de ser aprobado, pasará a la Cámara de Diputados para continuar su proceso legislativo.
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