Xalapa, Ver., 10 de septiembre de 2026.- La Fiscalía General del Estado (FGE) cumplimentó una cuarta orden de aprehensión relacionada con las investigaciones por el denominado “Cártel Inmobiliario”.

La detención ocurrió en el municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, donde autoridades de Veracruz, en coordinación con corporaciones de esa entidad, localizaron y detuvieron a David “N”.

El imputado es señalado como probable responsable de los delitos de fraude y fraude procesal, de acuerdo con las investigaciones ministeriales.

Lo señalan por operaciones irregulares con inmuebles

Según la investigación, David “N” habría participado en un esquema relacionado con presuntas operaciones irregulares sobre bienes inmuebles.

Las autoridades indagan el uso de actos jurídicos y procedimientos legales que presuntamente habrían permitido obtener o disponer de propiedades en perjuicio de sus legítimos propietarios.

La Fiscalía de Investigaciones Ministeriales mantiene abiertas las indagatorias para establecer cómo habría participado el detenido y qué responsabilidades podrían derivarse del caso.

Prisión preventiva para cuarto detenido por el denominado “Cártel Inmobiliario”; fue capturado en Tlaxcala

Juez impone prisión preventiva por un año

Después de su captura, David “N” fue trasladado ante el órgano jurisdiccional con sede en Coatepec, donde se realizó la audiencia inicial.

Durante la diligencia, la Fiscalía formuló imputación por los delitos de fraude y fraude procesal. Posteriormente, el juez determinó imponer prisión preventiva justificada por un año como medida cautelar.

Además, se estableció el próximo 14 de septiembre como fecha para realizar la audiencia de continuación del proceso.

Fiscalía mantiene abierta la investigación

La Fiscalía General del Estado señaló que continuará con las investigaciones relacionadas con el denominado “Cártel Inmobiliario”.

La dependencia indicó que las diligencias se desarrollarán bajo estricto apego a derecho y con respeto al debido proceso.

El objetivo es esclarecer los hechos, determinar las responsabilidades correspondientes y garantizar el acceso a la justicia para las partes involucradas.

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