Guadalajara, Jal., 13 de octubre de 2026.- Siete hombres detenidos durante la protesta por el agua registrada el domingo en Guadalajara fueron trasladados este martes al complejo penitenciario de Puente Grande, donde quedaron a disposición de un juez de control.

La Fiscalía General del Estado de Jalisco informó que 39 personas fueron detenidas durante los disturbios registrados frente a Casa Jalisco. De ellas, 32 fueron liberadas dentro del plazo legal para determinar su situación jurídica, mientras que los siete restantes fueron llevados ante la autoridad judicial.

La movilización reunió a miles de personas que exigieron soluciones a los problemas de abastecimiento y calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara. El conflicto derivó en enfrentamientos entre manifestantes y elementos de seguridad, con un saldo reportado de 59 personas lesionadas, entre ellas policías estatales.

Siete detenidos enfrentan acusaciones tras protesta

De acuerdo con información difundida este martes, seis de los siete hombres trasladados enfrentan señalamientos por lesiones dolosas, mientras que otro está relacionado con un posible delito de desobediencia o resistencia de particulares. Será un juez quien determine su situación jurídica y la responsabilidad que pudiera corresponderles.

Los siete detenidos son David Isaac “N”, Teodoro Isaac “N”, Juan Darío “N”, Alexis Daniel “N”, Samuel “N”, Israel “N” e Iván Octavio “N”. La Fiscalía indicó que fueron llevados a los juzgados de control y oralidad de Puente Grande.

Organizaciones defensoras de derechos humanos y abogados que acompañan a los manifestantes han cuestionado la actuación de las autoridades durante las detenciones. El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) ha denunciado presuntas irregularidades y falta de acceso oportuno a la defensa.

Trasladan a Puente Grande a siete detenidos tras protesta por agua en Jalisco

Denuncian presuntos abusos durante las detenciones

Familiares y abogados de algunos manifestantes liberados denunciaron que varias personas presentaban golpes y otras lesiones al recuperar su libertad. También señalaron que algunos detenidos habrían permanecido incomunicados y que se les habría impedido contar con representación legal durante las primeras horas. Estas acusaciones corresponden a testimonios de los afectados y sus defensores y no han sido determinadas judicialmente.

Entre las denuncias más graves se encuentra el señalamiento de que Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador, habría sido utilizada temporalmente para concentrar a personas detenidas antes de trasladarlas a la Fiscalía. Abogados del CEPAD calificaron estos hechos como presuntos actos de tortura, una acusación que deberá ser investigada por las autoridades competentes.

El gobernador Pablo Lemus, por su parte, sostuvo que la manifestación comenzó de manera pacífica, pero que posteriormente habría participado un grupo de choque responsable de los actos violentos. También afirmó que ordenó revisar los videos de las cámaras de seguridad para investigar la actuación de los policías y sancionar cualquier posible exceso en el uso de la fuerza.

Protesta por el agua escala a nivel nacional

La movilización nacional del domingo fue convocada por ciudadanos inconformes con la calidad del agua que reciben en distintos sectores de Guadalajara y municipios de su zona metropolitana.

La crisis hídrica ha provocado protestas durante las últimas semanas debido a reportes de agua turbia, mal olor y cambios en la calidad del suministro. El Gobierno de Jalisco ha reconocido problemas en el sistema de abastecimiento y ha planteado medidas para modificar las fuentes de suministro.

La presidenta Claudia Sheinbaum también pidió explicaciones al gobernador Pablo Lemus por la actuación policial durante la manifestación y señaló que una cosa es contener una protesta y otra reprimirla. Además, indicó que la Fiscalía General de la República podría intervenir si se presentan denuncias contra elementos de seguridad.

Mientras continúa el proceso contra los siete detenidos, organizaciones civiles y familiares mantienen la exigencia de esclarecer las detenciones y las denuncias de presuntos abusos, mientras las autoridades deberán determinar las responsabilidades correspondientes.

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