Coatzacoalcos, Veracruz, 9 de marzo de 2026.– A más de siete años del feminicidio de Ana Karen, originaria de Coatzacoalcos, su familia denunció que el acceso a la justicia sigue bloqueado debido a la burocracia y la falta de empatía de las autoridades del Estado de México, donde ocurrió el crimen.
La víctima se trasladó al centro del país en busca de mejores oportunidades laborales, pero su proyecto de vida terminó en tragedia y actualmente el caso permanece archivado bajo la justificación de saturación de expedientes.
Un destino truncado por la violencia
Ana Karen conoció en el Estado de México a su presunto agresor, Raúl Peña, quien hasta la fecha no ha sido detenido. De acuerdo con testimonios de su hermana Colette, la joven ya había manifestado su deseo de terminar la relación y regresar a Coatzacoalcos.
El 25 de mayo de 2019, su vida fue arrebatada: recibió dos disparos, uno en la cabeza y otro en el abdomen, y su cuerpo fue abandonado en la jardinera de un conjunto habitacional distinto al que residía.
Burocracia y olvido institucional
Desde el inicio, la madre de Ana Karen, Claudia, y su hermana han enfrentado un sistema judicial indolente. La última respuesta de las autoridades del Estado de México indica que el caso es “una carpeta más”, y que otros expedientes tienen prioridad, condicionando cualquier avance a un turno que parece nunca llegar.
La situación se complica por la distancia geográfica y los trámites administrativos, ya que toda la investigación se concentra en el centro del país, lejos del hogar de la familia en Coatzacoalcos.
“Dicen que es una carpeta más arriba que la de ella y que hay que esperar turno. Si la justicia no ha llegado en siete años, no creemos que se atrevan a hacer algo ahora”, señaló Colette, con evidente indignación.
Reclamo por justicia y visibilización
La familia de Ana Karen exige acceso real a la justicia, transparencia en las investigaciones y que se agilicen los procesos para que el feminicidio no quede impune. Asimismo, buscan que este caso sirva para visibilizar la lentitud y deficiencia del sistema judicial frente a delitos de violencia de género.