Ciudad de México, 21 de mayo de 2026.- El Gobierno de México confirmó este jueves que la Interpol emitió una ficha roja contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios señalados por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó durante la conferencia matutina que la medida internacional deriva de una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía de Nueva York.
Ficha roja limita movilidad internacional
La mandataria detalló que la alerta roja de Interpol permite que los acusados puedan ser detenidos si salen del territorio mexicano hacia cualquiera de los países integrantes del organismo internacional.
“Hay una orden de aprehensión por parte del gobierno de Estados Unidos, eso hace que se alerten fichas rojas por parte de la Interpol”, señaló Sheinbaum.
La presidenta precisó que el Gobierno Federal no mantiene vigilancia especial sobre los implicados, aunque confirmó que la Fiscalía General de la República abrió una investigación relacionada con el caso.
Paradero de Rocha Moya sigue sin confirmarse
De acuerdo con reportes periodísticos, desde hace aproximadamente 20 días se desconoce públicamente el paradero de Rubén Rocha Moya, luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo señalara por presuntos nexos con la facción de “Los Chapitos”, ligada al Cártel de Sinaloa.
Sheinbaum sostuvo que no existe una obligación legal para que el Ejecutivo federal mantenga monitoreo directo sobre las personas señaladas por autoridades estadounidenses.
Exfuncionarios ya están bajo custodia en EU
Entre los implicados, dos exfuncionarios sinaloenses ya se encuentran bajo custodia de autoridades estadounidenses:
- Gerardo Mérida Sánchez
- Enrique Díaz Vega
Ambos habrían decidido entregarse voluntariamente ante las autoridades de Estados Unidos.
Caso genera tensión bilateral
El caso ha incrementado la tensión política y diplomática entre México y Estados Unidos, luego de que autoridades estadounidenses señalaran a funcionarios en activo y exintegrantes del gobierno sinaloense por presuntos vínculos con organizaciones criminales.
La investigación continúa abierta tanto en territorio estadounidense como en México.