Ciudad de México. — A pocos días de haber entrado en vigor el registro obligatorio de líneas celulares en México, el sistema enfrenta una crisis de seguridad de gran magnitud, luego de que usuarios documentaran vulnerabilidades críticas que permiten registrar números telefónicos utilizando datos personales de terceros sin su consentimiento y sin mecanismos efectivos de verificación de identidad.
El tema cobró relevancia nacional tras difundirse que datos personales del senador Gerardo Fernández Noroña fueron utilizados para dar de alta líneas telefónicas de manera fraudulenta, lo que dejó en evidencia fallas estructurales en el padrón nacional de usuarios móviles, una herramienta presentada por el gobierno federal como parte de la estrategia para combatir la extorsión telefónica.
Un sistema vulnerable a la suplantación de identidad
De acuerdo con evidencias compartidas en canales de WhatsApp y redes sociales, el procedimiento para burlar el registro resulta alarmantemente sencillo. Basta contar con una CURP, una imagen de una credencial del INE y un video generado con inteligencia artificial para superar la supuesta “prueba de vida” requerida durante el proceso.
Los materiales difundidos muestran que el sistema acepta imágenes y videos pregrabados sin realizar una verificación de identidad en tiempo real, lo que permite el uso de documentos oficiales obtenidos de internet, filtraciones previas o bases de datos ilícitas.
Especialistas advierten que el problema técnico radica en que la verificación facial carece de mecanismos de autenticación robustos, capaces de confirmar que la persona frente a la cámara es efectivamente quien solicita el registro en ese momento. En la práctica, cualquier persona puede registrar una línea a nombre de otra, lo que abre la puerta al robo de identidad a gran escala.
Casos documentados involucran a figuras públicas
El caso del senador Fernández Noroña no es aislado. En los mismos espacios digitales se ha reportado el uso indebido de datos personales del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta electa Claudia Sheinbaum para registrar líneas telefónicas sin autorización.
Estos ejemplos confirman que la vulnerabilidad del sistema no distingue entre figuras públicas y ciudadanos comunes, exponiendo potencialmente a millones de personas a fraudes, extorsiones y otros delitos asociados a la suplantación de identidad.
Alertas de especialistas y críticas al padrón
Expertos en ciberseguridad han señalado que la implementación deficiente de tecnologías biométricas, en particular aquellas basadas en reconocimiento facial, incrementa el riesgo de fraude cuando no se acompaña de cruces con bases de datos oficiales, autenticación dinámica y validaciones en tiempo real.
La situación también generó reacciones en el ámbito político y empresarial. El empresario Ricardo Salinas Pliego criticó públicamente el padrón a través de la red social X, al considerar que se trata de una consecuencia de leyes mal diseñadas que, lejos de proteger a la población, ponen en riesgo la privacidad y los datos personales. Aunque sus declaraciones han sido polémicas, reflejan una preocupación compartida por diversos sectores.
Dudas sobre la protección de datos personales
Por su parte, el gobierno federal ha reiterado que las operadoras telefónicas están obligadas a resguardar la información conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales. No obstante, especialistas cuestionan la efectividad de esta protección si el sistema no puede garantizar que el titular de la línea sea quien realmente realiza el registro, lo que pone en entredicho la seguridad de los datos recabados.
El plazo para cumplir con el registro obligatorio vence el próximo 30 de junio. A partir del 1 de julio, las líneas que no hayan sido registradas serán suspendidas, una medida que podría afectar a millones de usuarios pese a que las fallas técnicas no han sido corregidas ni aclaradas públicamente.
Una estrategia cuestionada
Lo que fue anunciado como una política para combatir la extorsión telefónica ha terminado por exhibir graves deficiencias técnicas, legales y operativas. El registro obligatorio de celulares en México, lejos de generar certeza, ha encendido alertas sobre el uso de inteligencia artificial sin controles adecuados y la fragilidad en la protección de los datos personales.
Una ley concebida para fortalecer la seguridad podría estar exponiendo a la población a uno de los riesgos más serios del entorno digital actual: la suplantación de identidad.