Habitantes de la colonia Ampliación Santa María denunciaron que podrían ser víctimas de un nuevo intento de despojo, luego de que una persona identificada como Guillermo Olivera Méndez se presentó como presunto propietario de los terrenos que ocupan y promovió un procedimiento legal en su contra ante el Juzgado Sexto de Primera Instancia.
Los colonos señalaron que desde agosto comenzaron a recibir citatorios para medios preparatorios de juicio, a nombre de sus esposas y familiares, situación que consideran irregular pues aseguran que hasta la fecha nadie en la comunidad conoce a Olivera Méndez ni se les ha mostrado documentación oficial que lo acredite como dueño.
“Ya van tres veces que personas se ostentan como propietarios y terminan estafando a la gente.
Ahora este señor lo está haciendo por la vía legal, pero no hay manera de comprobar que realmente sea dueño”, declaró uno de los vecinos afectados.
La colonia, fundada en 2013, agrupa a unas 600 familias que nunca han obtenido escrituras ni títulos de posesión.
Los vecinos reconocen que han desembolsado miles de pesos en pagos a supuestos dueños anteriores, sin lograr regularizar su patrimonio.
Incluso relataron que en dependencias como Catastro y Tenencia de la Tierra no les han proporcionado información clara sobre la titularidad de los predios.
“Pagamos hasta 300 pesos para consultar los archivos, y lo único que aparece es una compañía como titular, con Olivera como representante legal. No hay certeza de que él sea el propietario”, denunciaron.
Los habitantes aseguran que el actuario judicial no entregó completos los documentos en algunos domicilios y que las diligencias se realizan en horarios donde solo están presentes mujeres y niños, lo que ha generado temor e inconformidad.
Ante esta situación, pidieron la intervención del Ayuntamiento de Coatzacoalcos y de las autoridades estatales para verificar la autenticidad de las escrituras presentadas y dar certeza legal sobre la propiedad.
“Si el señor Olivera realmente es dueño, que nos lo demuestre con documentos oficiales.
No nos negamos a pagar por el terreno, lo único que queremos es seguridad jurídica. Pero si no lo es, exigimos que se detenga este hostigamiento”, concluyeron.