Ciudad de México, 16 de julio de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible, como parte de una investigación relacionada con el llamado huachicol fiscal.
La captura se realizó este jueves en el municipio de Ensenada, Baja California, por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por un juez federal.
Investigación por presunto huachicol fiscal
De acuerdo con la FGR, la investigación está vinculada con presuntas operaciones de contrabando de combustible realizadas por una empresa fundada por el exmandatario estatal.
Las autoridades señalaron que la orden de captura deriva de una indagatoria de alta complejidad relacionada con grandes operaciones de importación irregular de hidrocarburos.
Hasta el momento, la Fiscalía no ha dado a conocer más detalles sobre el avance de la investigación ni sobre la situación jurídica del exgobernador.
Caso ligado a decomiso millonario
El nombre de Ernesto Ruffo ya había aparecido en las investigaciones federales iniciadas en 2025 por el denominado huachicol fiscal.
Las indagatorias lo relacionaban con la empresa Ingemar, señalada por su presunto vínculo con el aseguramiento de 15 millones de litros de hidrocarburo transportados en 129 ferrotanques en el estado de Coahuila.
En ese momento, Ruffo negó cualquier participación en actividades ilícitas y sostuvo que la empresa únicamente realizaba servicios de logística e importación dentro del marco legal.
Fue el primer gobernador de oposición en México
Ernesto Ruffo Appel hizo historia al convertirse en 1989 en el primer gobernador de oposición en México, tras ganar la gubernatura de Baja California bajo las siglas del Partido Acción Nacional (PAN), marcando el inicio de la alternancia política en el país.
La FGR recordó que, conforme al principio de presunción de inocencia, toda persona debe ser considerada inocente hasta que exista una sentencia condenatoria firme.
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