Ciudad de México, 10 de noviembre de 2026.- El Gobierno de Claudia Sheinbaum aceleró el impulso de un paquete de reformas legales y constitucionales para reforzar el combate a la corrupción, en medio de la crisis que atraviesa el Instituto Nacional Electoral (INE) por presuntas irregularidades atribuidas a funcionarios y contratistas.
Un bloque de legisladores de Morena cercano a la presidenta comenzó a presentar parte de las propuestas, mientras que Sheinbaum prepara otro conjunto de iniciativas. El objetivo es avanzar en los cambios antes del cierre del periodo ordinario de sesiones, previsto para el 15 de diciembre.
La estrategia contempla incluso solicitar un periodo extraordinario en enero, ante la falta de tiempo para discutir un paquete de reformas que implica modificaciones constitucionales y a alrededor de una decena de leyes.
Buscan transformar el sistema anticorrupción
Entre las propuestas se encuentra una transformación del Sistema Nacional Anticorrupción, así como una reingeniería de los mecanismos de auditoría y fiscalización.
También se plantea fortalecer las capacidades de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de las fiscalías especializadas en el combate a la corrupción, además de establecer mecanismos de mayor coordinación entre las instituciones responsables de investigar y sancionar delitos relacionados con el uso de recursos públicos.
Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados y uno de los principales impulsores de la iniciativa, señaló que el proyecto busca reconstruir el sistema de auditorías y fortalecer las herramientas para prevenir, investigar y sancionar conductas ilícitas.
El paquete también contempla utilizar la figura de extinción de dominio para recuperar recursos públicos presuntamente desviados, además de poner especial atención en fenómenos como el huachicol fiscal y las redes de facturación falsa.
Eliminación del fuero, entre las propuestas
Otro de los puntos que vuelve a la discusión es la eliminación del fuero constitucional para legisladores y altos funcionarios.
La propuesta ha sido defendida anteriormente por Ramírez Cuéllar y recibió respaldo de Sheinbaum, aunque hasta ahora no ha conseguido avanzar debido a las implicaciones políticas que representa.
El proyecto también ha sido discutido con representantes de instituciones académicas y empresariales, entre ellas la UNAM, el Tecnológico de Monterrey, el Consejo Mexicano de Negocios, la Asociación de Bancos de México y el CIDE.
Además, participan integrantes del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría Anticorrupción y otras instituciones vinculadas con la fiscalización y competencia económica.
Reforma genera cuestionamientos por los contrapesos
El impulso de una nueva arquitectura anticorrupción también ha generado cuestionamientos sobre la concentración de atribuciones en el Estado y la capacidad de las instituciones para vigilar a las propias autoridades.
La desaparición del INAI en 2025 dejó bajo control gubernamental funciones relacionadas con transparencia que anteriormente estaban en manos de un organismo autónomo. Por ello, la reorganización del sistema anticorrupción vuelve a colocar en el centro del debate la independencia de los órganos encargados de fiscalizar al poder público.
Uno de los principales puntos de atención será la autonomía de las fiscalías, la independencia de las auditorías y la transparencia de los resultados de las investigaciones.
Morena enfrenta resistencias internas
La iniciativa también enfrenta obstáculos dentro de Morena, debido a que algunos sectores consideran que determinadas modificaciones podrían afectar intereses políticos al interior del propio partido.
Ramírez Cuéllar ha evitado confirmar la existencia de esas resistencias, aunque reconoció que las propuestas deberán someterse a discusión y buscar los apoyos necesarios para su aprobación.
El oficialismo sostiene que Sheinbaum cuenta con la fuerza política necesaria para impulsar una ofensiva contra la corrupción y castigar a quienes resulten responsables de actos ilícitos.
Sin embargo, existen antecedentes de iniciativas presidenciales que han sido modificadas o retrasadas por falta de consenso, como ocurrió con la reforma sobre nepotismo y otros cambios político-electorales.
La apuesta del Gobierno es que la reforma anticorrupción avance antes de que el proceso electoral de 2027 domine la agenda pública y permita a Sheinbaum enviar una señal de autoridad frente a la corrupción y la impunidad.
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